Solidaridad con los jóvenes víctimas de la violencia institucional

Los jóvenes son las principales víctimas de la delincuencia en Latinoamérica, donde se registran altos índices de violencia. Según un informe de la OEA: "Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios" Los autores del informe advierten que las instituciones del Estado "no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia".
En las Américas, la tasa de homicidios alcanzó en los últimos años los 25,6 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa la tasa es de 8,9 homicidios, en el Pacífico Occidental de 3,4, y en Asia Sur y Oriental de 5,8. "Si el análisis se enfoca solamente en los sectores de ingresos medios y bajos de la población, la tasa promedio de homicidios en la región se eleva a 27,5/100.000", enfatiza la CIDH. La lista la encabeza la región del Caribe, con 30 homicidios cada 100.000 habitantes, seguida por Sudamérica, con 26/100.000, y América Central, con 22/100.000. La CIDH instó a la "profesionalización y modernización" de las fuerzas policiales, tras indicar que una fuerza "honesta, profesional, preparada y eficiente es la base para desarrollar la confianza de los ciudadanos".
Es difícil conseguir datos detallados, sobre la violencia hacia los jóvenes, Sin embargo en un artículo periodístico encontramos que: en Argentina, "al menos 119 jóvenes de entre 15 y 25 años fueron muertos en 2006, víctimas de la violencia institucional", según los datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Por otra parte, en un reciente programa periodístico por TV, se nombró al joven Luciano Arruga. Al investigar sobre este caso, encontramos que El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas pidió al gobierno que reforme el sistema de justicia penal juvenil y derogue un decreto de la última dictadura que autoriza la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes por supuestos motivos de "protección".
Además, el organismo internacional alertó acerca de la "violencia institucional, torturas y tratos crueles y degradantes que sufren niños y jóvenes, en especial en la provincia de Buenos Aires".
Al respecto, el Comité citó «la desaparición forzada de Luciano Arruga, un adolescente cuyo paradero se desconoce desde el 31 de enero de 2009, cuando tenía 16 años y fue visto por última vez en el destacamento policial de Lomas del Mirador.»

Todos estos datos -que prometemos profundizar- junto a la transcripción de parte del informe de la OEA, viene al caso a raíz de los acontecimientos ocurridos en Bariloche, en los últimos días, donde se produjo la muerte de Diego Bonafoi, un menor de 15 años que recibió un disparo en la cabeza efectuado por un cabo de la policía durante una persecución y otras dos personas que murieron -uno menor- presuntamente, cuando se realizaba la protesta.

Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, pensamos que el problema pasa por la educación. El lugar de un joven es la escuela para que pueda adquirir las herramientas básicas que le permitan insertarse, con éxito, en la sociedad. Mientras no se realice un plan integral que entusiasme a los jóvenes para que vuelvan a valorizar el estudio y el trabajo. Por más cárceles que se construyan y policías que se incrementen, los resultados serán magros. A los que hay que perseguir es a los narcotraficantes y a los que utilizan a los jóvenes para cometer delitos, por dar sólo dos ejemplos. Los funcionarios a quienes les compete, deben trabajar para que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida y no que la delincuencia sea el único futuro para las grupos marginales. Mientras la sociedad no tome conciencia de la situación y no exija preservar, educar y proteger a los niños y jóvenes porque ellos representan el futuro del país, el problema seguirá sin solución.
GSF