La
Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA)
participó de la audiencia pública de repudio al protocolo de seguridad
del Gobierno nacional, en la que advirtió que la libertad de expresión
“es un bien social que está protegido y garantizado por las más altas
normas jurídicas nacional e internacionales” y que la intención de
limitarla es “ilegal”. Durante la actividad, organizada en la Cámara de
Diputados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y que
contó con la participación de legisladores del Frente de Izquierda y de
los Trabajadores y Libres del Sur, así como organizaciones gremiales,
organismos de derechos humanos y expertos en libertad de expresión,
también reclamó la derogación de la Ley Antiterrorista que “atenta
contra derechos constitucionales”.
Durante su exposición, a cargo de la secretaria de prensa Claudia Acuña
junto a la abogada asesora —experta en derecho y violencia
institucional— Verónica Heredia, AReCIA dejó en claro que, a la fecha,
el Protocolo de Seguridad no existe. “El protocolo aún no fue publicado
en el Boletín Oficial así que no existe más que en medios corporativos
de comunicación”, remarcó Acuña, quien advirtió que su anuncio “es solo
una declaración de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien
seguramente alegará su derecho a expresarse libremente para justificar
lo injustificable: el mentado ‘Protocolo’ no tiene entidad jurídica real
pero ya tiene dos procesados. Es decir se aplicó de facto”.
Ante
las diputadas del FIT Myriam Bregman y Soledad Sosa, y de Libres del
Sur Federico Masso, AReCIA también remarcó que “todos los gobiernos
desde 2001 intentaron limitar las voces disidentes que se expresan en el
espacio público” y recordó que en 2003 realizó una presentación ante el
Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, quien coincidió con el
encuadre de la asociación: “La criminalización de la protesta social,
la concentración de medios y la censura forman parte de una misma
máquina que el Estado activa cuando pretende destrozar derechos”,
aseguró el colectivo de revistas culturales. Rereferentes de la
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), del Círculo
Sindical de Prensa y la Comunicación (Cispren), la Asociación de
reporteros Gráficos (Argra), la Red Nacional de Medios Alternativos
(RNMA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación
de Abogados Laboralistas, la Coordinadora contra la represión Policial e
Institucional (Correpi) y la Asociación de Profesionales en Lucha
también participaron de la audiencia.
Para la asociación, el protocolo repudiado, al que calificó de
“fantasma”, “está siendo usado con dos objetivos concretos: desalentar
la participación en movilizaciones y garantizar la impunidad de la
represión”. Por último, advirtió que el hecho de que “políticas de
Estado se padezcan en los cuerpos de los manifestantes cuando no tienen
más entidad que los dichos en un talk show no solo es poco serio. Es
ilegal y los funcionarios deben responder por ello”.
Por ello, exigió la sanción de una norma que “de manera directa penalice
a los funcionarios responsables de impartir órdenes que deriven en
muerte y violaciones a derechos humanos durante manifestaciones, es
decir mientras las y los ciudadanos ejercen el derecho constitucional a
expresarse libremente en el espacio público”. También a Bullrich y a los
gobernadores de las provincias que se abstengan de promover la
ilegalidad del uso de la fuerza pública y que se derogue la Ley 26.734
“mal llamada antiterrorista que claramente atenta contra los derechos
constitucionales”.
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