27 de agosto de 2013
Ante
la inminente discusión por parte de la Legislatura de la provincia del
Neuquén del convenio con YPF, que habilitará el ingreso de la empresa
transnacional Chevron a Vaca Muerta, desde Plataforma 2012 queremos
expresar nuestro repudio por este acuerdo que sintetiza un paso más en
la entrega de nuestros bienes naturales a una empresa transnacional, al
tiempo que llamamos a la reflexión a los y las legisladores y
legisladoras neuquinos, quienes tienen hoy una oportunidad histórica de
rechazar el convenio con YPF y exigir que se abra un verdadero debate
democrático sobre el tema.
En mayo de 2012, desde Plataforma 2012 elaboramos un documento crítico sobre el tema (1). Entre otras cuestiones sosteníamos que la ley no proponía cambio alguno del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos; que no asistíamos a una verdadera estatización de la empresa y que, de este modo, no se resolvían las cuestiones centrales de la crisis energética de una matriz productiva basada en hidrocarburos. En julio de este año nos pronunciamos críticamente sobre el convenio entre YPF y Chevron (2), denunciando que dicha emp resa lucrará con la destrucción de nuestros territorios y del ambiente.
Pasado poco más de un mes entre el anuncio del convenio y su inminente tratamiento en la legislatura neuquina (prevista para el 28 de agosto), los hechos reconfirmaron de modo incontestable que estamos ante una nueva estafa realizada a la sociedad argentina, cuyos responsables son el gobierno nacional y sus socios provinciales, y cuyas consecuencias nefastas aún hoy resulta difícil de dimensionar en todo su alcance. Ello, al menos por cuatro razones:
En primer lugar, en la expropiación de capital accionario de YPF por parte del estado, de modo deliberado se procedió a elegir la figura de la sociedad anónima en vez del modelo de una sociedad de Estado para evitar los controles públicos, lo cual abrió la puerta a un hecho inconcebible en el marco de cualquier sociedad democrática: que el convenio firmado entre YPF y Chevron tomara un carácter secreto y fuera ocultado incluso a los legisladores de la provincia del Neuquén, que debaten estos días la cuestión.
A esto se suman otros atropellos, como por ejemplo, no hubo llamado a audiencia pública, el acuerdo ni siquiera fue tratado por la comisión de medio ambiente (pese a los pedidos y presentaciones judiciales de algunos diputados de la oposición), y éste se coloca en el marco de una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.
Por otro lado, a través del decreto presidencial 929 conocemos sólo algunos de los beneficios otorgados a Chevron, pero todo indica que existirían otras cláusulas en el convenio secreto, que agregarían nuevos beneficios para la empresa multinacional, difíciles de justificar en el marco de una discusión verdaderamente democrática.
En segundo lugar, hoy sabemos que YPF firmó un convenio con una empresa multinacional que, además de tener un historial sórdido, es prófuga de la Justicia ecuatoriana, luego de ser sentenciada a pagar 19 mil millones de dólares por graves delitos ambientales y violación de derechos de indígenas. A esto se agregan cuestiones de índole económica, que enturbian aún más el acuerdo. Así, hasta mayo de 2013 el gobierno neuquino estaba estudiando “sacarle los bloques concesionados a Chevron, porque no invertía lo suficiente” (3). Sin embargo, sólo dos meses después esa misma empresa aparece como el “mejor socio” de YPF y el &ldquo ;más solvente”, para la explotación de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta.
En tercer lugar, con esta decisión la Argentina se interna de modo ciego e incontrolado por una senda cercada por enormes riesgos sociales y ambientales, a través de la explotación masiva y a gran escala de los hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking. Para convencer a las poblaciones, voceros del gobierno y del establishment se sirven de un cierto “saber experto”, retomando argumentos que a nivel global difunden desde el poderoso lobby petrolero. Así, en los medios periodísticos nacionales, a lo largo de este mes, fueron desfilando los defensores de un supuesto “fracking sostenible”. Lo cierto es que los estudios técnicos demuestran que é ste es un terreno cargado de muy malas experiencias y de grandes incertidumbres, pues como ha sido demostrado, la experiencia del fracking masivo y a gran escala en Estados Unidos da cuenta de grandes impactos ambientales: contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano; activación de fallas geológicas que originan microsismos, impacto sobre la salud de las personas y los animales, emisión de gases de efecto invernadero, incluso más que otras energías. Además, las manifestaciones de petróleo o gas en acuíferos o en la superficie pueden aparecer años o décadas más tarde. Quizás para cuando Chevron u otras compañías ya no estén en nuestro país y tengamos que estar, como los ecuatorianos, buscando amparo legal en otros países y haciéndonos cargo de los pasivos ambientales…
Para cubrir estos problemas, en Neuquén el gobierno provincial armó una parodia de “debate democrático”, con el objeto de calmar las voces disidentes de los movimientos ciudadanos y algunas fuerzas políticas. Esto sucedió en el marco del seminario convocado por la legislatura neuquina sobre “Recursos Hidrocarburíferos no convencionales y medio ambiente”, en junio de este año (4), inaugurado por la vicegobernadora Ana Pechen, quien habló de un "segundo descubrimiento del petróleo,” que salvaría a la provincia y al país. En dicho seminario, la gran mayoría de los expertos (entre ellos tres ingenieros especialistas en petróleo con larga trayectoria) cuestio naron fuertemente el método de extracción de los hidrocarburos no convencionales y señalaron sus impactos negativos. Pero a la hora de difundir los resultados de este encuentro, dichas críticas fueron ignoradas tanto por la prensa regional como por los legisladores del oficialismo neuquino (Movimiento Popular Neuquino) y otras fuerzas partidarias que promueven el acuerdo con Chevron.
En fin, resulta útil recordar que la contaminación ligada a la explotación hidrocarburífera no es un fantasma o una posibilidad, sino una realidad efectivamente existente. Así, en este corto mes y medio hubieron 5 graves accidentes en Neuquén, entre ellos, “cuatro derrames en sólo once días y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias), que involucran a Petrobras y a YPF” (5), a los cuales hay que añadir la explosión e incendio de un pozo de gas en el ejido urbano de la localidad de Plottier en Neuquén (empresa Pluspetrol); por último, un derrame petrolero que produjo mortandad de peces en Catriel (Río Negro), que es hoy motivo de una protesta de comunidades indígenas (6). La pregunta que muchos se hacen entonces, sin tener por ello que pertenecer a una organización ecologista, es: si no existen controles ambientales y no es posible evitar graves accidentes con la explotación de petróleo y gas convencional, ¿qué sucederá entonces en cuanto se avance de modo masivo con la explotación de los no convencionales? La Argentina se apresta a ingresar a un escenario de desastres ecológicos a gran escala, cuyas consecuencias económicas, sociales y ambientales son imprevisibles.
Mitos y falacias, pero sobre todo poderosos lobby económicos, buscan asimilar soberanía energética con soberanía hidrocarburífera, y afirman que no hay posibilidad fáctica ni económica de desarrollar energías alternativas que apunten a la salida de una matriz dependiente de los combustibles fósiles. Y bajo esa supuesta "verdad" se consolida el peor de los caminos. Así, en vez de pensar una agenda de transición y orientarse hacia las energías limpias y renovables, el gobierno actual reafirma su dependencia de los combustibles fósiles y se embarca en la explotación de hidrocarburos no convencionales, los cuales presentan mayores costos operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías.
Cuarto y último, el oficialismo nacional y neuquino pretenden ignorar el reclamo democrático de las poblaciones locales. En todo el mundo existe un descreimiento cada vez más fundado de parte de las sociedades locales ante este tipo de extracción. Por eso, el fracking ya fue prohibido en Francia y en Bulgaria, así como en el estado de Vermont (USA) y en Quebec (Canadá); mientras que en otros lugares se aprobó una moratoria, como sucedió en Nueva York y en varias regiones de Europa, basada en el principio precautorio, pilar del derecho ambiental, también presente en nuestra legislación.
En nuestro país las poblaciones ya comenzaron a manifestar fuertes resistencias contra el avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, tal como lo muestran diferentes ordenanzas municipales que prohíben el fracking: a la decena de municipios declaradas libres de fracking (Cinco Saltos, en Río Negro; 10 municipios en Entre Ríos y cuatro departamentos en Mendoza -dos de los cuáles enfrentan hoy un veto-), se sumaron recientemente Carmen de Patagones (Pcia Buenos Aires) y la localidad rionegrina de Allen, donde la explotación de gas no convencional pretende avanzar entre plantaciones centenarias de peras y manzanas. Asimismo, la Confederación Mapuche del Neuquén ha manifestado su rechaz o rotundo al fracking.
En suma, desde Plataforma 2012 rechazamos este nuevo giro en la política energética, que entrega a Chevron nuestros bienes comunes y lo habilita a utilizar el peor método de extracción (el fracking), llamamos a la reflexión a los legisladores neuquinos que hoy tienen una oportunidad histórica de pronunciarme en defensa de una verdadera YPF estatal y al servicio del ambiente y del debate democrático, y nos solidarizamos con los movimientos ciudadanos y los pueblos originarios que hoy luchan contra el avance de la frontera hidrocarburífera, mediante el fracking, defendiendo la vida y el territorio.
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